Hay 427 abogados con empleo público que tienen matrícula vigente
¿Cómo hacen para cumplir con el empleo por el cual cobran un sueldo nada despreciable? ¿En qué momento se ocupan de las gestiones como profesionales liberales? ¿Cómo compatibilizan las audiencias judiciales -que suelen ser intensas y extensas- con las tareas diarias en una oficina pública? ¿Litigan en asuntos que perjudican o interesan al Estado siendo, al mismo tiempo, custodios del correcto funcionamiento los poderes públicos?
ANÁLISIS detectó 427 abogados de la provincia con la matrícula vigente para litigar en tribunales como profesionales liberales que, además, son empleados o contratados de alguna repartición estatal. Incluso, varios de ellos están desempeñando cargos de jerarquía o funciones electivas, son intendentes, concejales o legisladores.
Los datos están disponibles para cualquier ciudadano, son públicos. Todo el padrón del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER), como las nóminas de algunas de sus seccionales son accesibles en la web. Es necesario cruzar los registros. La información también está publicada en los boletines oficiales, donde constan las designaciones, nombramientos, contrataciones, estabilidad o pases a planta; los listados de personal en las páginas de varios organismos; los archivos de información fiscal. Y los registros de litigación en la Mesa Virtual del Poder Judicial o en el listado de mediadores. Hay que hurgar. Sobre todo cuando se trata de casos poco conocidos.
Pero están aquellos profesionales que gozan de gran popularidad en la comunidad, que habita las oficinas de la administración pública, política, los tribunales y los medios. Se trata de profesionales que sostienen un equilibrio delicado entre la función pública y el ejercicio profesional liberal y prolífero.
Algunos datos
Hace poco más de un año, el CAER comunicó que tenía unos 4.700 profesionales matriculados. Para este informe, se delimitó una base de 913 abogados entrerrianos sobre el total antes mencionado. Menos de la mitad del campo analizado, específicamente 392 letrados, no tienen la matrícula vigente porque detentan alguna función en el Poder Judicial, lo cual implica una incompatibilidad absoluta con el ejercicio liberal de la profesión.
Hay una porción pequeña de la base de 913 abogados, más precisamente 94 profesionales detectados que no trabajan dentro del Poder Judicial pero tampoco tienen la matrícula habilitada en el CAER. Entre ellos justamente se encuentran abogados con alguna función dentro de la administración pública provincial: están en el Consejo Provincial de la Niñez, la Adolescencia y la Familia (Copnaf); en la Fiscalía de Estado; en algún hospital, en la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER); la Dirección de Catastro, entre otras áreas públicas. Pero no son quienes pueden estar en incompatibilidad.
Y hay otra porción de la base de datos analizada para este trabajo que agrupa a los 427 abogados con la matrícula vigente en el CAER, que sí detentan una función pública. Están empleados en el Tribunal de Cuentas (TdC), en la Dirección de Trabajo, en la Contaduría General, en la Fiscalía de Estado, en la Dirección de Asuntos Jurídicos, en el Ministerio de Producción, en el Registro del Estado Civil y la Capacidad de las Personas, en la Policía de Entre Ríos, en la ATER, municipalidades, Secretaría de Obras Públicas, Caja de Jubilaciones y Pensiones, Copnaf, Dirección de Fiscalización, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, concejos deliberantes, Boletín Oficial, Dirección de Inspección de Personas, Instituto de Promoción de Cooperativas y Mutualidades, Ministerio de Salud, Instituto Autárquico de Planeamiento, Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas), Unidad Ejecutora Provincial (UEP), Secretaría de Arquitectura, Gobernación, Instituto de Discapacidad, Ministerio de Desarrollo Social, Instituto Autárquico Provincial del Seguro (Iapser), Instituto de la Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), entre otras múltiples jurisdicciones de la administración pública provincialSi bien la base de datos que se tomó para este informe incluye matriculados de toda la provincia, buena parte de los profesionales que trabajan para alguna repartición estatal y están habilitados para litigar a diario en tribunales, viven en Paraná.
Funciones públicas y matrícula vigente
Hay varios dirigentes políticos que están ocupando algún cargo electivo, que nunca pidieron la inhabilitación de la matrícula en el CAER. Por ejemplo el actual intendente de Villa Urquiza, Manuel Tennen; la concejal paranaense Luisina Minni; los diputados Silvio Gallay (Concepción del Uruguay); Marcelo Alcides López (Concordia); María Elena Romero (Feliciano); Sergio Daniel Castrillón (La Paz); o los senadores Jaime Benedetti (Gualeguaychú); Juan Pablo Cosso (Villaguay).
No son los únicos. En el padrón del Colegio hay otros funcionarios con cargo político no electivo que conservan su matrícula habilitada para litigar: el secretario de Justicia, Martín Acevedo Miño; el secretario de la Cámara de Senadores, Sergio Avero; el director de Control de Integridad Profesional del Ministerio de Gobierno, Raúl Avero; el concejal paranaense Francisco Avero.
Si se indaga un poco más, aparecen casos con una singular convivencia de intereses como el de Sergio Avero, que actualmente es autoridad del Senado y ha pasado por varios cargos públicos con responsabilidad. Avero fue defensor de Enrique Susevich, extitular de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), uno de los responsables económicos de Cambiemos en la campaña 2015. El extitular de Anses, a quien se lo ha visto en los pasillos del Senado, para la campaña 2015 recibió fondos millonarios de parte del Gobierno para la impresión de boletas, pero no pudo rendir el gasto de esos fondos ante el Tribunal de Cuentas. En el marco de un proceso penal, aceptó su culpabilidad antes de llegar a juicio oral.
Además de las posibles incompatibilidades horarias, los abogados con cargos políticos que fueron mencionados en los párrafos precedentes son hombres y mujeres que tienen poder; que están en la función pública y de ellos dependen los concursos, la evaluación de pliegos, las titularizaciones en Juzgados de Falta o juzgados del Poder Judicial. ¿No hay en esos casos un choque de intereses? ¿No existen personas con aspiraciones en los concursos públicos que, sin quererlo, puedan verse en una situación de sumisión?
Hay varios letrados que dependen laboralmente de la Fiscalía de Estado de la provincia y cuentan con la matrícula vigente en el CAER para litigar en tribunales. Por ejemplo, el expresidente del Copnaf, Horacio Gabriel Leconte, que el año pasado fue transferido como personal de planta a la Dirección de Sumarios. Leconte gestiona demandas en los Juzgados de Familia. O la situación del abogado Rubén José Francisco Barbagelata Xavier, que también tiene un empleo en la Dirección de Sumarios de la provincia y que litiga como defensor en el fuero penal, donde la mayor cantidad de audiencias y juicios ocurren de mañana. El letrado fue, por ejemplo, abogado particular de uno de los tres condenados a prisión perpetua por el séxtuple homicidio en la Unidad Penal N° 5 de Victoria “Gobernador Ramón Febre”, ocurrido el 7 de junio de 2018.
Los jueces de Faltas, que dependen de las municipalidades y deben resolver conflictos entre vecinos o infracciones de tránsito, tampoco están impedidos de ejercer la profesión liberal. De modo que deben abandonar sus oficinas públicas en horario laboral para asistir a particulares, o llevar adelante audiencias de medicación en el Poder Judicial. El doctor Amado Siede, por ejemplo, juez de Faltas de la Municipalidad de Paraná, cuenta con su matrícula vigente en el CAER y ejerce como mediador en el Poder Judicial. Hay registros de litigios a su cargo en la web del Superior Tribunal de Justicia (STJ).
Quienes tampoco están impedidos del ejercicio liberal de la Abogacía son los secretarios de Gobierno de los municipios. En las ciudades pequeñas representan una autoridad política, conocida por los ciudadanos y, a la vez, abogados de parte en la justicia de Paz, o penal, o a cargo de procesos de mediación. Tal es el caso del abogado Francisco Rossi, secretario de la Municipalidad de Santa Elena, que tiene una actividad particular prolífera como abogado. Hay registro de esas tareas diarias en la Mesa Virtual de las oficinas judiciales de La Paz, ciudad cabecera del departamento.
Lógicamente hay abogados que quedan afuera de este informe, para el que se decidió tomar casos aleatorios como ejemplo. Pese a que el registro analizado marca cientos de profesionales empleados para el Estado que ejercen la profesión liberal, muchos quedan afuera porque no se investigó el padrón completo. Se trata de letrados que ocupan el horario por el que cobran un buen sueldo para desarrollar actividades particulares. Aún con los retardos y demoras en los procesos de la administración pública, donde se tramitan pensiones, jubilaciones, certificados de discapacidad, sumarios, entre tantos otros expedientes.
Los ejemplos son múltiples y hablan de un estado de situación, un contexto en el que contrastan unos pocos. Hay abogados que, a contrapelo de lo que parece una corriente, decidieron suspender su matrícula en el CAER al tiempo que comenzaron a ejercer la función pública. Tal es el caso de la doctora Silvia Campos que asumió como concejal de Paraná en el lugar del fallecido Walter Rolandelli y venía de ocupar otros cargos públicos; el diputado provincial en uso de licencia Enrique Cresto; o a la intendenta de Paraná Rosario Romero, que si bien no pidió la inhabilitación de su matrícula, dejó de litigar en los tribunales y se dedica tiempo completo a su función pública.
Los más evidentes
Hay abogados de mucha trascendencia pública -por el peso de los procesos judiciales que gestionan o por el calibre de sus defendidos-, que son funcionarios técnico/políticos de alto rango en áreas de Gobierno. Por ejemplo el doctor Germán Alberto Coronel, asesor letrado del Ministerio de Salud de la provincia. Coronel se ha pasado jornadas completas en las audiencias penales de Tribunales asistiendo, paradójicamente, al exintendente de Seguí Cristian Treppo, acusado de defraudar al Estado.
Como él hay varios más, todos funcionarios políticos de la administración de Gobierno, custodios del buen funcionamiento de la cosa pública, de las arcas del Estado: los doctores Marcos Rodríguez Allende; Leopoldo Cappa; Carlos Guillermo Reggiardo. Todos abogados especializados en la defensa de delitos de corrupción que, al mismo tiempo, guardan los intereses del Estado en sus oficinas fuera de tribunales. Pero adentro de los Tribunales hacen todo lo posible por retrasar y contener el juzgamiento de políticos acusados/condenados por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, enriquecimiento ilícito, peculado, fraude, coimas y todo delito contra la administración pública. Amalgama particular.
Rodríguez Allende es asesor jurídico del EPRE y durante años fue el interventor. Es el defensor particular de Juan Pablo Aguilera, cuñado del exgobernador Sergio Urribarri, empleado del Senado de la provincia. Tanto Aguilera como Urribarri fueron condenados por varios delitos contra la administración pública y, actualmente, siguen investigados en otras causas por delitos similares. El asesor jurídico del Ente Provincial Regulador de la Energía fue defensor, además, de condenados por narcotráfico.
Leopoldo Cappa es empelado en la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Entre Ríos. También es abogado particular en la causa de los “contratos truchos” de la Legislatura y en los juicios que aquejan al exgobernador Urribarri. Desde hace meses, trabaja en conjunto con los porteños Fernando Burlando y Javier Baños en la defensa del exmandatario.
Carlos Guillermo Reggiardo es empleado de la Municipalidad de Santa Elena, asesor legal. También es contratado de la Cámara de Senadores de la provincia. Es el defensor particular del exvicegobernador e intendente -en ejercicio de su quinto mandato- de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi y su esposa, la senadora Patricia Díaz. El santaelenense ya tiene una condena por enriquecimiento ilícito. Y desde hace unos años, junto a su esposa enfrenta la segunda investigación por el mismo delito. El abogado Reggiardo, a la vez que empleado de un Estado municipal y contratado de la Legislatura provincial, tiene problemas judiciales en el fuero personal, vinculados a violencia.
Ellos y tantos otros cobran salarios públicos, a costa de los impuestos que pagan los entrerrianos. En reiteradas oportunidades, en horario laboral, son férreos defensores de políticos acusados por delitos de corrupción, o narcotraficantes. Seguramente saldrán a contestar que devuelven las horas de trabajo por la tarde, cuando no hay audiencias judiciales, pero lo concreto es que la administración pública funciona de mañana.
Tal vez, sea hora de revisar algunas reglas.
Antecedentes
Hay algunas perlitas olvidadas, que ya tienen algunos años y que intentaron un debate público sobre las incompatibilidades de algunos abogados. En efecto, en 2016 el propio Rodríguez Allende puso a disposición su renuncia como interventor del EPRE al ocuparse de la defensa de una persona acusada de narcotráfico. En ese momento, Emilio Castrillón era presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), y presentó sus quejas ante el exgobernador Gustavo Bordet por la incompatibilidad en los horarios y de intereses.
Un tiempo antes, mientras era senador el doctor Raymundo Kisser, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná le hizo un llamado de atención por la profusa actividad que desarrollaba en horario matutino, promoviendo juicios contra la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).
Disposiciones legales y la necesidad de revisión
La ley provincial de incompatibilidad de cargos públicos N°4.713 está próxima a cumplir 40 años, casi la edad de la democracia. Fue sancionada el 31 de octubre de 1984 y posteriormente tuvo varias modificaciones, principalmente referentes a la actividad docente. Y pese a que tiene especificaciones sobre el empleo de los periodistas y la carga horaria, o por ejemplo personal de la Orquesta Sinfónica, nada dice sobre el la actividad de los abogados que son empleados y litigan a diario en los tribunales.
En su Artículo 6°, la ley sostiene lo siguiente: “El personal profesional y técnico de la administración pública provincial tiene incompatibilidad absoluta para asesorar, representar, patrocinar o contratar servicios, con personas físicas o jurídicas en asuntos judiciales, extrajudiciales; o administrativos, en los que sea parte o tenga interés la provincia, la nación o los municipios. Esta incompatibilidad se extiende a aquellos casos en que dichas personas gestionen o sean parte en contratos, convenios u operaciones con entes oficiales, provinciales, nacionales o municipales o sean concesionarios o permisionarios de obras y servicios, públicos. En aquellos casos en que se establezca la dedicación exclusiva del personal profesional y técnico, deberá suspender el ejercicio profesional.
A nivel nacional existe la llamada Ley de la Abogacía N° 22.192. Y, el Código de Ética profesional del Poder Judicial provincial, en su Artículo segundo y tercero, refiere también a las incompatibilidades funcionales.
FUENTE: ANALISIS DIGITAL