Afiliados del IOSPER afectados en sus tratamientos oncológicos y crónicos por la intervención en la obra social recurren a la justicia: el Dr Almirón gestionó acciones judiciales para garantizar su cobertura
En las últimas semanas, al menos seis afiliados del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) debieron recurrir a la Justicia para acceder a medicamentos oncológicos esenciales. Entre ellos, se encuentran dos mujeres que obtuvieron fallos favorables mediante acciones de amparo, tras no recibir la cobertura necesaria en tiempo y forma.
Una de ellas, es una mujer de 32 años, diagnosticada con carcinoma poco diferenciado en estadio IIIA, presentó el 22 de abril un recurso de amparo con el patrocinio del Dr. Emmanuel Almirón. Solicitó al IOSPER la provisión urgente y gratuita de una serie de drogas prescriptas por su oncólogo, el Dr. Alejandro Mazzotta, fundamental para iniciar su tratamiento de quimioterapia.
El juez de Garantías N.º 2, Edwin Ives Bastian, hizo lugar a la presentación y ordenó al organismo que en el plazo de un día otorgue la cobertura integral y gratuita del tratamiento completo, entre ellos Carboplatino, Paclitaxel y Pembrolizumab.
Otro caso similar fue el una mujer de 43 años, también afiliada a IOSPER, diagnosticada con carcinoma de cuello uterino. A través del patrocinio del Dr. Almirón presentó una acción de amparo y el vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala 1, Diego Luis Esteves, intervino y ordenó al IOSPER que, en el plazo de tres días, entregue las drogas con cobertura total, advirtiendo que la falta de acceso inmediato al tratamiento colocaba a la paciente en un grave riesgo de vida.
Cabe destacar que muchos de los afiliados se vieron afectados en sus tratamientos oncológicos y crónicos a raíz de la intervención administrativa que atraviesa la obra social IOSPER, lo que generó serios retrasos en la entrega de medicaciones indispensables. Esta situación forzó a numerosos pacientes a recurrir a la vía judicial como única herramienta para poder continuar con tratamientos vitales.
Desde los entornos familiares y legales de las personas afectadas insisten en que la Justicia se está viendo obligada a intervenir de forma reiterada para garantizar derechos básicos que, por normativa, ya deberían estar cubiertos por la obra social.