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Allanaron estaciones de servicio. La Justicia investiga por qué la Municipalidad compró GNC si sus vehículos usan nafta y gasoil

¿Por qué la Municipalidad de Concordia, durante 2023, llevó a cabo varias operaciones de compra de un combustible que, al parecer, no necesitaba? ¿Se entregaron los metros cúbicos contratados? ¿A quién o quiénes? ¿Cómo?

Estos son algunos de los interrogantes que el Ministerio Público Fiscal, mediante la labor de Mauro Jaume, Daniela Montangie y José Arias, procura responder, en un legajo abierto tras la presentación formal efectuada por la actual gestión municipal que conduce el Intendente Francisco Azcué.

Aunque la labor investigativa recién comienza, hay algunas certezas que emergen de la documentación. Por caso, que hay numerosos expedientes de compra iniciados con un requerimiento formal del GNC desde la Dirección de Talleres y Depósitos de la Subsecretaría de Servicios Públicos, que durante buena parte del año pasado fuera conducida por Claudio Humberto Giaquinto.

El trámite atravesaba varias reparticiones que debían darle el visto bueno, entre ellas la Secretaría de Desarrollo Urbano, cuya responsable era la Arquitecta Mireya López Bernis y de la que dependía Giaquinto. Como es de rigor, los pagos eran autorizados por diversas áreas administrativas y, finalmente, por el intendente Enrique Cresto.

Según pudo saber El Entre Ríos, las operaciones de adquisición de GNC desde la Municipalidad de Concordia fueron cuanto menos siete y cada una de ellas por 8.000 metros cúbicos. En todas, previo un cotejo de precios, la empresa adjudicada resultó siempre la misma: Portal del Lago, una de cuyas estaciones es la ubicada en Presidente Illia y Diamante.

En teoría, cada metro cúbico de GNC equivale a 1,15 litros de nafta, cifra que aporta un indicio de la magnitud de las compras, que alcanzaban para muchos más que el abastecimiento a uno o dos vehículos.

Giaquinto, antes de ser ascendido en julio de 2023 a la titularidad de la Dirección de Talleres y Depósitos de la Subsecretaría de Servicios Públicos, se había desempeñado, desde noviembre de 2022, como Jefe de la Unidad Operativa Mecánica Pesada Turno Tarde. Su trayectoria lleva a suponer que conocía el parque automotor que estaba bajo su custodia.

Las explicaciones que pudiera brindar este funcionario, cuya firma aparece estampada en los pedidos de GNC que justificaron los expedientes de compra, revisten especial relevancia para esclarecer lo ocurrido. ¿Lo hizo por iniciativa propia? ¿Recibió órdenes superiores y, en tal caso, quedaron documentadas o al menos hay pruebas informales de ellas? ¿Cómo, cuándo y a quiénes se entregaba el GNC comprado, si es que efectivamente se despachaba?

Allanamientos en Portal del Lago

Entre el viernes y este martes, el Ministerio Público Fiscal avanzó en el allanamiento de Portal del Lago, tanto de sus estaciones de servicio como de su sede social. La empresa habría puesto a disposición de la Justicia los “vales” empleados para la entrega del GNC, donde no estarían identificados los vehículos que recibieron el combustible ni tampoco las personas que los conducían. Además, le fue secuestrado el teléfono celular a Roque Álvarez, uno de los propietarios de la firma.

No fue el único teléfono que será periciado. También la ex secretaria de Desarrollo Urbano, la arquitecta Mireya López Bernis entregó el suyo, no sin antes aclarar que se trataba de un aparato nuevo, que recientemente había comenzado a usar. Además fueron secuestrados los móviles de otros funcionarios –entre ellos, Giaquinto- que intervenían en la tramitación de las compras del GNC.

Por el momento, Fiscalía no ha imputado a ninguna de las personas sujetas a la investigación. Es probable que tal paso sería dado una vez que culminen las pericias en marcha y siempre y cuando las pruebas reunidas lo avalasen.

Una de las hipótesis para explicar el destino del GNC adquirido pasa por suponer que haya ido a parar a vehículos de Cooperativas vinculadas a la Municipalidad. Si así fuera, para evitar el peculado harían falta disposiciones formales que autorizaran y justificaran que fondos públicos salieran de la órbita del Estado, además de documentación que acreditara el control.

FUENTE: EL ENTRE RÌOS

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