Por José Amado de ANALISIS DIGITAL

La violenta usurpación de la sede de la Uocra de Paraná, en la fría mañana del viernes 5 de julio, parecía un hecho aislado y extraño a la realidad política y sindical de Paraná. Lo que el sentido común señalaba era: “Estos muchachos siempre resuelven sus problemas así”. Es decir, con palos y a punta de pistola (no hubo tiros de milagro). Pero en el trasfondo de una problemática naturalizada en todo el país en torno al accionar del gremio de la construcción, hay negocios millonarios: reparto de obras, omisiones de inseguridad laboral a cambio de sobres, extorsiones y el manejo de bandas armadas con protección política dispuestas a lo que sea. Y en esa disputa apareció una banda organizada por el hijo del jefe narco Daniel “Tavi” Celis, como fuerza de choque de un santafesino que buscó quedarse con el gremio.

La Uocra es un sindicato que, en rigor, funciona como una empresa. Su dueño es el exagente civil de la dictadura, Gerardo Martínez, quien accedió a la secretaría general en 1990. Nada sucede allí sin la venia del jefe. El representante en Entre Ríos desde hace más de 20 años es Walter Aníbal Doronzoro, un hombre de perfil bajo que supo acumular poder en base a la fuerza y los aprietes de grupos armados, principalmente en Concordia, con prácticas violentas que lejos están de defender los derechos de los obreros. Y todo lo que construyó lo hizo bajo el paraguas de lo más alto del poder político de la provincia, partiendo desde su ciudad y la de los últimos tres gobernadores de Entre Ríos: Jorge Busti, Sergio Urribarri y Gustavo Bordet. Doronzoro metió familiares directos en lugares claves y altamente remunerados del Estado. Y tiene un patrimonio millonario que jamás podría justificar como albañil. “Pocas veces habrá agarrado una cuchara”, describe un hombre que lo conoce desde cuando era un balín de su predecesor en la Uocra de Concordia.

Para algunos, hoy Doronzoro está en su peor momento: la derrota electoral del peronismo en la provincia y, principalmente, la detención de sus más allegados lugartenientes por actos de violencia armada en su ciudad, lo dejaron tanto sin injerencia política como sin fuerza de choque. Esto pareciera que fue olfateado por un delincuente que se dice gremialista de la construcción de Santa Fe, Emanuel Araya, quien intentó dar el golpe aquella mañana en la Uocra de Paraná, asociado a allegados al jefe narco condenado, Daniel “Tavi” Celis.

Sin embargo, el jefe de la Uocra entrerriana sigue mostrando cierto poder, tiene cintura política para ubicarse ante el actual gobierno provincial, integra el Consejo Provincial del Partido Justicialista y se sienta en la mesa chica donde se corta el bacalao de la obra pública, junto a las máximas autoridades y a los poderosos empresarios de la construcción.

La disputa por el botín gremial

La irrupción de más de 30 personas con palos y armas de fuego en la sede de la Uocra en pleno centro de Paraná, en calle Andrés Pazos entre San Juan y Corrientes, destapó un conflicto que se venía caldeando en los últimos meses. Aunque nadie imaginó que llegarían a tanto, hacía unas semanas que desconocidos pasaban por la casa del gremio y gritaban o pateaban las puertas.

Los manifestantes primero interrumpieron el tránsito y luego comenzaron a romper las persianas de la casa central de la Uocra. La intervención policial en el lugar exacerbó sus ánimos, se envalentonaron, forzaron el portón e ingresaron provocando más daños. A uno de los hombres que trabaja allí, Abel Mendoza, lo golpearon y echaron del lugar. Mientras mantuvieron la ocupación, rompieron muebles y calentaron aceite en una olla para tirárselo a alguien en caso de que fuera necesario.

A lo largo de cuatro horas, aproximadamente, se extendieron las negociaciones entre la Policía y los ocupas para desalojar la sede gremial. Estuvieron a cargo del jefe de la fuerza provincial, Claudio González, un especialista con acreditada experiencia en mediación en este tipo de conflictos. Llegaron al acuerdo de que nadie quedaría detenido, pero sí todos identificados, y luego la Fiscalía los citaría a declarar a cada uno para las correspondientes imputaciones.

Policías de Criminalística encontraron en la sede sindical una mochila con dos pistolas calibre 9 milímetros: una no tenía cargador y la otra estaba completa, hasta con una bala en la recámara, lista para gatillar. Esto por sí solo habla de hasta qué punto estaban dispuestos a todo. Una de las armas tenía la numeración limada; la otra es una semiautomática FM Hi Power que, según el registro de Anmac, se encuentra a nombre del usuario colectivo Administración de Parques Nacionales. Este organismo radicó la denuncia por su robo o extravío y cuenta con pedido de secuestro desde el 24 de febrero de 2016.

El hombre que estuvo atrás de esa jornada violenta es Emanuel David Araya. Se trata de un santafesino que fue integrante y titular de la Uocra de la vecina capital provincial hace más de 10 años y que supo protagonizar hechos similares en aquella ciudad y en Rosario, además de haber tenido acusaciones por graves delitos, como intento de homicidio y lavado de activos. Su territorio de poder es el barrio Alto Verde, donde reunieron a varias personas para viajar a Paraná con motivo del apriete y la usurpación. En mayo de 2013 ocurrió un episodio muy similar en pleno centro de Santa Fe, a una cuadra de la peatonal: una patota intentó ingresar por la fuerza al local de la Uocra ante una supuesta intervención desde Buenos Aires. En ese hecho también estuvo uno de los santafesinos que actuó en la usurpación en Paraná: Juan Manuel Camaño, dueño de una carnicería en Alto Verde, quien reclutó a otros para ir el pasado 5 de julio a la capital entrerriana.

Cabe recordar que los violentos que irrumpieron en la Uocra de Paraná andaban en camionetas 4×4 que dejaron estacionadas en frente. Una es una Ford Ranger a nombre Emanuel Araya. Otra es una Toyota Hilux blanca, cuyo titular es el sindicato de Dragados y Balizamiento de Santa Fe, el cual evidentemente prestó recursos para la movida de Araya. También había una VW Amarok radicada en Paraná, a nombre de Rodrigo Guillermo Cristo, con autorización para conducir de Brian Exequiel Ramírez. Había otra Ford Ranger radicada en Córdoba, de un tal Andrés Domínguez.

En la lista de 32 identificados llama la atención la presencia de Renzo Bertana, de 27 años, hijo (hijastro) de Daniel “Tavi” Celis, condenado por narcotráfico en la causa Narcomunicipio. En aquella causa, el joven estuvo preso dos años y fue absuelto por falta de pruebas, ni siquiera fue acusado por la Fiscalía. En los videos que circularon por WhatsApp grabados por los integrantes del grupo que usurpó la Uocra, se lo ve como uno de los más activos. Cabe recordar que hace un par de meses, el muchacho fue denunciado por amenazas con arma de fuego por violencia de género y en el allanamiento a su domicilio en Segundo Sombra y República de Siria la Policía halló un kilo y medio de marihuana.

También aparece otra persona, Enrique Ramírez, con su mismo domicilio, y otros vecinos de la zona de los barrios Balbi, Antártida Argentina y Mosconi. También hay algunos de los barrios Anacleto Medina, Gaucho Rivero, Padre Kolbe, Bajada Grande, Concejo, San Agustín y Lomas del Mirador.

La Justicia intenta dilucidar quién estuvo detrás de la organización del grupo que prestó servicio a las intenciones de Araya, dirigente de la usurpación. Si bien el hijo de Celis y algunos de sus allegados aparecen allí, por ahora ni cuenta la Fiscalía con alguna evidencia firme respecto del condenado por narcotráfico. Aunque sí tienen en cuenta la imputación en aquella causa federal, donde se remarcó que Celis proveía drogas a grupos de Paraná y de Santa Fe, concretamente del barrio Alto Verde. Por ahora, son cabos sueltos.

Lo que muchos se preguntaron aquel viernes es cuál era el objetivo de Araya en la usurpación del gremio. Como un buen conocedor del ambiente sindical de la construcción, una hipótesis es que el santafesino olió sangre: la debilidad de Doronzoro y la actual conducción de la Uocra de Entre Ríos por los factores ya mencionados (la caída de su banda armada y de choque, y la derrota del peronismo) a los que se le suma la parálisis de la obra pública nacional, con la pérdida de 5.000 puestos de trabajo en la construcción este año en la provincia. Es decir, para el reparto de obras y para conseguir trabajo, la manta es muy más corta.

Cabe recordar lo ocurrido en 2017 en Paraná: en un hecho muy parecido, aunque no llegó tan lejos, una banda arremetió contra la misma sede sindical de calle Andrés Pazos. Los revoltosos de aquellos días estaban encabezados por el hermano de Gustavo “Petaco” Barrientos. “El Nene” Barrientos se presentaba como el líder de un sector de obreros de la construcción que denunciaba a la conducción de la Uocra entrerriana por los despidos que se estaban dando en empresas del sector con la vista gorda del sindicato. Era, también, un año de pérdida de puestos de trabajo en la obra pública y privada, aunque lejos de la situación actual. Hoy, el hermano del exlíder de la barra brava de Patronato asesinado el año pasado, está dedicado al trabajo social en su barrio, donde es presidente de la comisión vecinal y sostiene el comedor comunitario o copa de leche del Paraná XIV.

Lo que llamó la atención luego de aquel viernes 5 de julio, es el silencio del secretario general de la Uocra de Entre Ríos. Doronzoro se guardó y no dijo nada. Hablaron sus hombres de mayor cercanía acusando de delincuentes a los usurpadores de la sede gremial, en línea como el comunicado publicado en las redes sociales: “(…) la casa de los trabajadores fue usurpada por individuos ajenos a nuestra actividad. Estos delincuentes, marginales, fueron desalojados gracias a la intervención de la justicia y la policía (…)”.

En el legajo de investigación de Fiscalía A-0444/24 la Uocra local es víctima. Pero hay una historia que evidencia que su accionar no es muy diferente al de los denunciados.

De albañil a millonario

Walter Doronzoro tiene 61 años y pasó los últimos 21 como jefe de la Uocra de Entre Ríos, donde cada vez que se presentaba una lista opositora ponía en acción la maquinaria violenta para continuar en el poder y las denuncias de fraude caían siempre en saco roto.

 

Su origen dista mucho del buen pasar suyo y de su familia. Nació en una familia muy humilde y trabajadora del barrio San Martín, en la zona norte de Concordia. En la década del 90, enrolado en el peronismo, era un asistente fiel del entonces secretario de la Uocra, Roque Antonio Arostegui, más conocido como “Tata”. Callado y de perfil bajo, obedecía lo que su jefe le indicaba que hiciera, mientras aprendía cada paso del oficio y tejía sus relaciones políticas. Pero fue un hecho ajeno a la actividad sindical lo que lo dejó en las puertas de la conducción del gremio.

En 1999, Arostegui se vio envuelto en un hecho de sangre: un tiroteo en el barrio Lesca de Concordia terminó con un menor de edad, Brian Romero, asesinado. El líder de la Uocra y sus dos hijos fueron detenidos y acusados del homicidio. Una versión indicaba que el Tata Arostegui se había hecho cargo del crimen para salvaguardar de la cárcel a sus hijos. Cuando recuperó la libertad cuatro años después, la realidad había cambiado.

La caída del gobierno nacional de Fernando De la Rúa y la debacle del gobierno de Sergio Montiel con los federales, dejaron a Jorge Busti a las puertas de la tercera gobernación. Y el ambiente sindical se movió para acomodarse a esta nueva situación. La Uocra fue y es un pilar clave para el despliegue territorial del peronismo y con su líder preso debía tener una nueva conducción. En esos años, Doronzoro se movió y se acomodó para ser el nuevo alfil del poder político en el sindicato de la construcción. Ungido por Busti y también sostenido por un Sergio Urribarri con cada vez más peso en el peronismo, encabezó la lista oficial en las elecciones sindicales de 2003. Arostegui, traicionado por Doronzoro, intentó rearmar a su grupo, pero se encontró con las prácticas que iban a ser una costumbre en este gremio: elecciones turbias, urnas que desaparecen, alguna que otra amenaza y la derrota cantada de quien pretenda disputar el poder. La banda de Doronzoro persiguió a Arostegui hasta sus últimos días y sus hijos nunca podían conseguir trabajo en la construcción porque los hostigaban. El exlíder de la Uocra falleció en 2021, tiempo después de haber sido agredido y echado por los violentos de un homenaje a Juan Domingo Perón en el cementerio de Concordia.

Con cada nuevo gobierno provincial del Partido Justicialista, Doronzoro acumulaba mayor poder, injerencia y parientes en el Estado. De entrada, Busti lo ubicó como vocal en el directorio de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg), con uno de los sueldos más altos de la administración pública. Allí permaneció hasta 2019. Hacia fines del gobierno de Urribarri, en 2015, ingresó a ese organismo una de sus hijas, Valeria Elizabet Doronzoro, de 35 años, quien trabaja como secretaria. Anteriormente había trabajado en Ospecon, la obra social de la construcción. En enero de 2017 otra hija, Rocío Natalia, ingresó a Cafesg y actualmente se desempeña en Desarrollo Regional. Esta joven estuvo contratada en el Ministerio de Gobierno entre junio de 2016 y julio de 2017, la época de Mauro Urribarri a cargo de esa cartera. Además, Leonardo Doronzoro también se suma a la lista de parientes del titular de la Uocra en la Comisión de Salto Grande que hoy preside el radical Carlos Cecco.

 

Pero eso era el reparto de las migajas de la torta que se hornea en las alturas del poder. El verdadero negocio gira en torno a la construcción y, particularmente, de la obra pública, donde la Uocra forma parte de la discusión, como supuestos representantes de los trabajadores. Con Busti en la gobernación, Doronzoro creció y con Urribarri en el poder dio un salto cualitativo: “Todo pasaba por sus manos”, recuerda un hombre que supo estar cerca suyo. La Uocra era la vanguardia del urribarrismo en los actos partidarios y oficiales. Doronzoro daba la indicación y en minutos su gente llenaba colectivos y los trasladaba a donde sea.

También en esos años, el dirigente sindical no se preocupó en ocultar su ostentoso crecimiento patrimonial: pasó de andar en un auto Peugeot 306 destartalado a una camioneta Toyota Hilux 4×4, que año a año fue actualizando para no quedarse atrás en los modelos. Hoy lo ven en dos VW Amarok, una blanca y otra azul.

Pero una de las cosas que más llamó la atención fue lo revelado en la edición de ANÁLISIS de hace dos meses. En el informe sobre el patrimonio de Gustavo Bordet, surge el nombre de Walter Doronzoro como propietario de un lote en un barrio exclusivo ubicado en avenida Chajarí y San Lorenzo, camino a Playa Nebel en Concordia, vinculado a los contratos truchos legislativos. Se trata de un terreno de 500 metros cuadrados que en 2011 Bordet (por entonces intendente) le compró a Hugo Mena, un hombre que siete años después iba a aparecer como uno de los encargados de cobrar los contratos de los prestanombres en los cajeros automáticos de Paraná, junto a su esposa Flavia Beckman. Gracias a las obras que impulsó el exgobernador en la zona de esos terrenos, hoy un lote vale unos 40.000 dólares.

Pero luego Bordet vendió el terreno que le había comprado a Mena. En la causa que se investiga en Fiscalía sobre el patrimonio del exgobernador, al comparar los planos de Catastro del momento de la compra con el de la venta se observa que, en 2011, cuando Bordet compró, los lotes linderos al suyo figuraban varios a nombre de Mena y otros a nombre de su esposa Beckman. En 2016, ya no aparecían más los apellidos de esta pareja y esos terrenos pasaron a estar a nombre del jefe de la Uocra, Walter Doronzoro, y de Juan Domingo “Palito” Orabona, el contador y mano derecha de Bordet, implicado en la causa de los contratos truchos. Es decir, con el último gobernador justicialista, el gremialista había dado otro salto en los negocios turbios que se cocinaban en el Estado.

 

La violencia es el negocio

Doronzoro fue consolidando su grupo armado, inicialmente con un hombre de apellido Trujillo, en cargado de los aprietes, amenazas con armas y golpizas no sólo a los opositores, sino a los obreros y capataces de obras que no se alineaban a sus indicaciones. Luego, su patotero más fiel fue Ramón “Nego” Monzón, quien hace pocos meses cayó por múltiples delitos de violencia armada en Concordia.

El clan Monzón está muy vinculado a Doronzoro. “Son parte de su familia”, describe una persona que los investigó y pudo observar la cercanía. Una compleja investigación de la Fiscalía a cargo de José Arias y la Jefatura Departamental de Policía de Concordia, particularmente la División Criminalística, a lo largo de varios meses, culminó en una primera etapa en diciembre del año pasado, cuando se hicieron múltiples allanamientos. Se pudo demostrar que Ramón Monzón y sus cómplices actuaban como una banda armada con apretadores y tiratiros con el centro de su accionar y base operativa en la Uocra de Concordia. Pero también se diversificaron y prestaban sus servicios de violencia a un narcotraficante que fue detenido por la Justicia Federal el año pasado, Alejandro Arce. Eran el brazo armado de este hombre que lideraba la “banda de los millones”, tal como ellos mismos se autodenominaban.

En la mencionada investigación se comprobó que los Monzón cometieron numerosos hechos de violencia armada, en algunos casos atentaban contra vecinos y vecinas para echarlos de sus viviendas y quedarse con las casas, como se demostró en un caso en particular con la denuncia de una damnificada: una señora que sufrió balazos en su vivienda para abandonarla fue a denunciar a la comisaría y al regresar, se cruzó con estos delincuentes en una camioneta VW Amarok que volvieron a amedrentarla por haberlos denunciado. Este clan también dominaba la zona del noroeste de Concordia para el narcomenudeo. Por eso, cuando fueron cayendo presos, sus rivales históricos, los Vargas, fueron avanzando para quedarse con el negocio en los barrios San Jorge, Concordia Primero y Los Pájaros, entre otros. Comenzó una guerra entre ambos grupos que terminó con el asesinato de un joven de 22 años, Enzo Vargas, emboscado por dos tiratiros: uno es Rodrigo Monzón, hijo de Nego, y otro es Enzo Escalante. Ambos estaban imputados y con prisión domiciliaria por la mencionada investigación del año pasado.

Así actuaban tanto para un narco como para la Uocra, a lo largo de los años. En junio de 2015, uno de los hijos de Monzón fue detenido junto a otras tres personas por la Policía de Concordia cuando iban en un auto con una pistola y dos revólveres. El año 2009 fue cuando Doronzoro tuvo mayor oposición en el gremio. En Concordia y en otros distritos se presentaron listas disidentes para las elecciones, pero el líder de la Uocra lo solucionó: a uno lo apretaron y lo agarraron a golpes entre Trujillo y Monzón. A otro le balearon la casa. Mientras, la conducción nacional del sindicato metía intervenciones y resoluciones que embarraban la cancha. El caso más insólito se conoció en 2019, cuando un joven trabajador denunció en la Justicia a Nego Monzón por amenazas y porque le ofrecía conseguirle trabajo en diferentes obras a cambio de que le consiguiera armas de fuego.

Lo que surgió en la investigación que terminó con estos personajes presos y recientemente condenados, es que “Nego” Monzón tenía trato directo y fluido con las cuatro o cinco principales empresas de la construcción. Obviamente, sostiene un investigador, no era él quien definía los números, atrás estaba Doronzoro, pero el diálogo permanente era con su segundo, quien se encargaba de que las obras no se paralicen por algún conflicto o los apretaba si lo consideraban necesario. “Había que arreglar sí o sí con ellos, si no te cagaban a tiros”, indica sin metáforas una fuente que observó este accionar. Por esto, varios arquitectos e inversores decidieron llevar sus proyectos inmobiliarios a Uruguay o Paraguay.

Un conocedor del ambiente de la construcción en Paraná describió que el negocio de la Uocra fue siempre muy similar: cuando observan que comienza una obra de un edificio, aparecen los enviados de los dirigentes, preguntan cuántos obreros hay, indican todas las obligaciones que debe cumplir la empresa constructora (cascos, vestimenta, botines, arnés y todas las medidas de seguridad que corresponden). Como se trata de una erogación muy grande, no todas las obras están al día. Por eso, terminan arreglando económicamente con algún dirigente, a cambio de no reclamarles el cumplimiento de esta obligación en materia de seguridad laboral.

La caída de los Monzón ha provocado un quiebre en la fuerza de Doronzoro que quizás fue lo que evaluó el santafesino Araya para intentar dar el golpe a inicios de julio. Hasta ahora no ha podido rearmar su brazo armado. Hay segundas líneas que quieren pasar a ser los dueños de la violencia al servicio de la Uocra y todos sus negocios, pero todavía no tienen la misma estructura, el conocimiento y la capacidad de juntar gente que tenían los ahora detenidos.

Sin embargo, nada de esto parece socavar el poder de Doronzoro. Así se demostró hace unos meses cuando se sentó al lado del gobernador, Rogelio Frigerio, y la representante en Entre Ríos de Camarco (Cámara Argentina de la Construcción) en un encuentro sobre definiciones para la obra pública. Cuando todavía estaba fresco el escándalo de la detención de sus laderos por la violencia armada, el dirigente de Uocra estaba ahí, como si nada. Además, fue designado como cuarto vocal en el Consejo Provincial del PJ entrerriano que preside José Cáceres. Mantiene esa cualidad de la mayoría de los sindicalistas del sector privado en la Argentina: pasan los gobiernos y ellos permanecen ahí, perpetuados en estructuras que cuidan más sus intereses que a los trabajadores que dicen representar.

RECLUTADOS E IMPUTADOS

Luego de las negociaciones que llegaron a buen puerto en medio de la tensión por la usurpación de la Uocra de Paraná, los 32 hombres que estaban en el interior fueron trasladados a una sede policial y debidamente identificados. Luego de la feria judicial se cree que comenzarán las indagatorias.

Los paranaenses eran: Leonardo Exequiel Leguizamón (34), Enrique Fabian Ramírez (30), Renzo Bertana (27), Misael Mauricio (25), Román Elías Querido (24), Juan Gabriel Mora (22), Franco Maximiliano Pérez (33), Martin Nahuel Salcedo (24), Fabricio Sebastian Noro (34), Ramiro Patricio Andino (22), Samuel Bernabé Saavedra (34), Abel Gustavo Ferreyra (38), Elías Alejandro Sosa (48), Emanuel Alejandro Barrios (31), Rodrigo Alejandro Barrios (23), Fernando Uriel Duarte (33), Hugo Alberto Reding (49), Jorge Alejandro Alegre (49), Leandro Juan José Paniagua (23), Mario Ignacio Rivera (45), Cristian Luis Álvarez (28), Alexis Damián Andino (38), Juan José Romero (37), Héctor Heraldo Beeuwsaert (40) y José Luis Arredondo (32). También había un adolescente de 16 años.

En el repaso por cada uno de ellos, se evidencia que los organizadores de la usurpación no reunieron a obreros de la construcción con reclamos sindicales contra las actuales autoridades. Mas bien, buscaron a personas dispuestas a ir a “hacer el aguante” en la ocupación. Hay algunos con condenas por violencia de género o robos, otros con problemas de adicciones.

Buscaron también cuidacoches a los que les ofrecían 50.000 pesos para ir a la manifestación en calle Andrés Pazos. Pero varios de ellos querían devolver la plata cuando vieron que había que irrumpir y ocupar el lugar.

Además, del total había siete oriundos de Alto Verde (Santa Fe): Juan Manuel Camaño, de 42 años, Ricardo Andrés Ponte, de 46, y cuatro parientes de apellido Almada, de 19, 36 y 44 años; y uno de Santo Tomé: Claudio Andrés Menotti, de 40 años.