La causa por un crimen ocurrido en 2021 llegó hasta el STJ y desde la querella explicaron que se trató
Un jurado popular había declarado culpables a un adulto y a dos adolescentes por el homicidio de Ezequiel “Chanchi” Muñoz, ocurrido en septiembre del 2021 en calle Villaguay y Sargento Cabral.
Al mayor de edad, Ángel Báez, le impusieron la pena de prisión perpetua, ya que la jueza técnica lo consideró como coautor penalmente responsable del delito de “homicidio calificado” por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas.
Luego de conocerse la sentencia, los abogados defensores de Báez apelaron a Casación que confirmó la sentencia emitida por el jurado popular en octubre de 2022. Pero los Dres. María de los Ángeles Petit y Matías Lados, defensores de Báez, presentaron un Recurso Extraordinario para que la causa sea resuelta por la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, que fue habilitado por la Cámara de Concordia.
Luego de casi dos años, es decir, el pasado miércoles 24 de julio, la causa llegó a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia y desde la querella ejercida por la abogada Brenda Vittori y el abogado Pablo Moyano Ilundain, explicaron a Concordia Policiales que fue lo que se trató.
“La defensa de Báez hace grandes esfuerzos por intentar revertir el resultado, pero creemos que no tienen posibilidades de lograr una modificación en la condena impuesta”, comentó la Dra. Brenda Vittori.
En este marco, la letrada indicó que “en primer lugar, es importante aclarar que los defensores de los menores condenados ya aceptaron que el resultado condenatorio es la decisión definitiva, revisada correctamente por la Cámara de Casación que confirmó la pena a prisión perpetua con declaración de reincidencia respecto de Báez y la declaración de responsabilidad respecto de los demás, así que no recurrieron. Por su parte Báez ha quedado batallando solo y con pocas posibilidades de éxito”.
En segundo término, “las instancias de revisión ordinarias están agotadas con la sentencia de Casación, por lo que la interposición de recursos ante el Tribunal Superior provincial o ante la Corte Suprema nacional no implican una revisión de los hechos y la prueba, porque son tribunales constitucionales cuya función es verificar si se han respetado las garantías durante el proceso, y la realidad es que no hubo ningún planteo que se basara en términos de las Constituciones Nacional o Provincial”, explicó Vittori.
Asimismo, remarcó que “si bien el Tribunal Superior tiene la posibilidad de analizar todo aquello que entienda corresponder, su actuación es excepcional y personalmente no creo que este caso tenga alguna cualidad especial para que ingresen a tratar cuestiones de hecho y prueba como pidió la defensa”.
Para la Dra Brenda Vittori “hay una insistencia de la defensa de Báez en cuestionar la actuación de la fiscalía que no se explica, porque sostiene que el fiscal a cargo de la investigación realizó acuerdos para dejar impune a un partícipe del hecho”, y en su lugar imputar y condenar a Ramón Báez, de quien sostienen su total ajenidad al hecho”, señaló.
A su vez, agregó que “si bien la defensa puede decir lo que considere necesario y es esperable que prediquen la inocencia de Báez a los cuatro vientos, esto no tiene ninguna explicación, pues tamaña acusación que implicaría no solo una irregularidad sino directamente la comisión de un delito por parte del fiscal que investigó el hecho, no resiste ningún análisis. Ni el menor que la defensa señala como autor del hecho, ni Báez, son personas que tengan alguna característica especial o condición que pudiese hacer sospechar que un órgano del Estado estaría obrando ilegítimamente para favorecer o perjudicar a estas personas. Pero más aún, no existe ninguna prueba que avale semejante afirmación, no siendo más que una acusación injusta y desprovista de cualquier soporte probatorio. A Báez lo condenaron como coautor del homicidio y a nuestro criterio la condena es la que correspondía”.
Por último, la abogada querellante dijo que “en relación a las reformas de las leyes de juicio por jurados y del Ministerio Público que los colegas a cargo de la defensa de Báez sostienen, poco puedo decir porque no surge con claridad qué es lo que pretenderían cambiar ni es algo que se haya mencionado durante el trámite de la causa, que quejan de pero no son claros”. Cerrando que “ahora nos queda esperar que resolverá el máximo tribunal provincial.